El Consell se opone a la creación de los juzgados provinciales para resolver los procedimientos sobre las cláusulas suelo de las hipotecas
Conocido el acuerdo de la Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 25 de mayo, según el cual a partir del día 1 de junio entrarán en funcionamiento un juzgado centralizado por cada provincia para tramitar las nuevas demandas que se puedan plantear para resolver las denominadas cláusulas suelo de las hipotecas, la Permanente del Consejo de Colegios de Procuradores de Tribunales de Cataluña quiere manifestar su desacuerdo en base a los siguientes argumentos:
- Lamentamos que una decisión de esta magnitud y trascendencia se haya adoptado sin el acuerdo y complicidad de las administraciones competentes, siendo conocedores de que ni el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ni el Tribunal Superior de Catalunya han estado de acuerdo con esta medida. Empezar un proyecto como éste sin la complicidad de todos los operadores jurídicos que deben intervenir no parece el mejor camino para alcanzar el éxito esperado.
- Pensamos que la actual estructura de partidos judiciales tiene suficiente capacidad para absorber la supuesta carga de trabajo que puede conllevar las reclamaciones de las cláusulas suelo de las hipotecas, y más cuando en los últimos meses, fruto del cambio de ciclo económico, se ha notado la caída drástica de los procedimientos bancarios.
- Sin embargo, en el caso de que la avalancha de demandas acabe siendo una realidad, la dotación de un juzgado por provincia puede ser claramente insuficiente y puede conllevar que la respuesta judicial a las demandas de los ciudadanos sea totalmente ineficaz. Por otro lado, si la solución que es planteara en su caso fuera el incremento de juzgados provinciales, la falta de dotación presupuestaria de las administraciones competentes haría inviable el proyecto.
- Estamos profundamente preocupados y contrariados por una medida que va en la línea de centralizar la justicia y alejarla de los ciudadanos que no residen en las capitales de la provincia, con una clara conculcación del derecho a la tutela judicial de proximidad.
- Somos conscientes de que los servicios públicos, como lo es el de la Justicia, ayudan a vertebrar el territorio y darle forma. Cataluña tiene un tejido comarcal rico y diverso y medidas como ésta, que pueden suponer la pérdida de servicios públicos prestados desde la proximidad comarcal, ponen en peligro un modelo territorial tanto arraigado como el de nuestra casa.
- Por todos estos argumentos pedimos al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia que detengan este proyecto; lo debatan con todas las administraciones implicadas y los diferentes operadores jurídicos que deben intervenir; esperen a conocer la realidad de las demandas que se puedan presentar a partir del día 1 de junio y, en función de la situación real que se produzca estudien las mejores soluciones para hacerle frente, priorizando en su caso el refuerzo de la actual estructura judicial y territorial.