El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya lamenta que los juzgados continúen parados y reclama una desescalada ágil, por supuesto respetando escrupulosamente todas las garantías de seguridad que marquen las autoridades sanitarias.

El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya, como representante de los 9 Colegios de Procuradores de Catalunya, urge a la necesidad de retomar la actividad judicial lo antes posible y acortar al máximo los tiempos entre fases, además de incrementar los medios personales y materiales para poder llevar a cabo el plan de agilización previsto en el RDL 16/2020 RDL de medidas procesales y organizativas en la Administración de Justicia, y desarrollado en la orden ministerial JUS / 394/2020, de 8 de mayo, por la cual se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19. Todo con el objetivo de una normalización judicial progresiva, de una tutela judicial efectiva y, naturalmente, por una reducción del impacto directo sobre la economía de esta paralización judicial que estamos viviendo.

En la actual situación de pandemia desde el Consejo de Procuradores de Catalunya, como representantes de muchos de los justiciables que acceden al servicio público de Justicia, entendemos perfectamente la necesidad de la reincorporación progresiva de los funcionarios, pero es fundamental acortar el máximo posible los tiempos entre fases, por supuesto respetando escrupulosamente todas las garantías de seguridad que marquen las autoridades sanitarias y teniendo en cuenta las diferencias que se puedan dar según las características físicas de los diferentes edificios judiciales.

En cuanto a la celebración de comparecencias y vistas, creemos fundamental poner todas las herramientas para que jueces y magistrados puedan programarlas telemáticamente desde el primer día, porque es el único medio para garantizar la celebración del mayor número de vistas y el aprovechamiento intenso de todas las salas, y muy especialmente las multiuso. Somos conscientes de que supone un mayor coste en licencias, pero con la contrapartida de un ahorro considerable en desinfección, EPI’s y tiempo de espera entre señalamientos, y el que es más importante, con un aumento considerable de seguridad sanitaria.

Los procuradores, como operadores jurídicos comprometidos con el servicio público que desarrolla la Administración de Justicia, nos ponemos a disposición del CGPJ y del Ministerio de Justicia, del TSJC y del Departamento de Justicia, porque una vez finalizada la actual situación y con el concurso de todos los operadores que intervienen, se aborden los necesarios cambios estructurales que necesita la Justicia para hacerla más próxima y comprensible a la ciudadanía, más ágil y eficaz, y porque de una vez por todas se convierta en una herramienta plenamente útil para los destinatarios de este servicio público.

Siendo urgente superar los efectos que ha provocado la pandemia en la Justicia, a posteriori será necesaria una reforma estructural, también urgente, que la misma pandemia ha evidenciado.