El Gobierno catalán ha decidido otorgar una «medalla de honor por servicios excepcionales a la justicia» al procurador de Granollers Ramon Daví Navarro, vicedecano del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona y vice tesorero del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña. La Generalitat lo distingue «por su larga experiencia profesional, por su trabajo en la mejora y reconocimiento de la profesión de procurador y por su colaboración leal con el Departamento para la mejora del servicio público de la justicia». Se trata de la máxima condecoración que otorga el Gobierno en materia de Justicia.

Además de Daví, diez personalidades vinculadas a la Justicia recibirán también una medalla de honor «por su dedicación en la realización de actuaciones de especial relevancia y que han contribuido de manera significativa a la mejora de la justicia en Cataluña». La ceremonia de entrega tendrá lugar el 11 de enero en el Palau de la Generalitat y estará encabezada por el presidente Quim Torra y la consejera de Justicia, Ester Capella. En el acto, el Gobierno distinguirá el abogado y ex consejero Carles Mundó con el Premio Justicia 2018.

Daví, licenciado en derecho en 1980 por la Universidad de Barcelona, ​​ha ejercido como procurador desde 1985 y tiene una amplia vinculación con Granollers. De hecho, ha ejercido en otros ámbitos profesionales y sociales muy ligados a la ciudad del Vallès Oriental. Así, de 1991 a 2003 fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Granollers y desde 1999 ha sido patrón de la Fundación Vallès Oriental. También fue el presidente de la Mutua de Granollers del 2012 al 2016, mientras que en 2010 fue miembro fundador y primer presidente de la Asociación Amigos de El Ciprés, que ayuda al comedor social y en la casa de acogida El Ciprés de Granollers.

Como procurador, Daví ha comprometido con el «cambio» de la profesión y ha sido uno de los impulsores del Plan Estratégico de la Procura catalana, promovido por el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña y presentado en ESADE el año 2014, que planteaba por primera vez en forma de autocrítica la necesaria modernización de la profesión, para que los procuradores puedan seguir siendo colaboradores de referencia para la Administración de Justicia.